República de Palestina
Caracas | 11 de noviembre de 2025
En un momento marcado por tensiones regionales y crecientes presiones internacionales, el presidente venezolano Nicolás Maduro firmó la Ley de Defensa Integral de la Nación, una medida considerada por analistas como un punto de inflexión en la doctrina de seguridad y defensa del Estado bolivariano.
La nueva ley no se limita a fortalecer las capacidades militares tradicionales, sino que busca integrar a la sociedad civil en el sistema nacional de defensa, mediante la creación de comandos locales y la formación ciudadana en tácticas básicas de defensa y guerra de resistencia.
Maduro describió el texto como una norma para una “paz armada”, subrayando que el objetivo es “mantener una preparación permanente para disuadir cualquier amenaza, sin buscar la guerra”.
Durante el acto de promulgación afirmó:
“La defensa de la patria no es tarea exclusiva del ejército, sino deber de todo venezolano y venezolana. Queremos una paz armada, una paz protegida por la conciencia y la disposición permanente del pueblo.”
Con esta frase, el mandatario condensó la filosofía del nuevo enfoque de defensa, que convierte la seguridad nacional en una responsabilidad colectiva, y refuerza lo que el gobierno denomina “unidad nacional frente a la agresión externa”.
Desde el plano político, observadores interpretan la ley como un intento de reestructurar la relación entre el Estado y la sociedad en un contexto de crisis económica y sanciones internacionales asfixiantes.
Al involucrar a la ciudadanía en tareas de defensa popular y promover una alianza cívico-militar más sólida, el Ejecutivo busca equilibrar la legitimidad militar con la legitimidad social, ampliando su capacidad de movilización —especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales.
En el mismo sentido, Maduro aclaró que la ley “no es un proyecto militarista, sino una iniciativa social y política para proteger la soberanía nacional”, señalando que la defensa no se limita al frente militar, sino que abarca también la economía, la cultura y la identidad, reforzando el concepto de “resistencia nacional integral”.
A nivel regional, la norma envía mensajes directos a Colombia y Guyana, dos vecinos con los que Caracas mantiene relaciones tensas.
Con Colombia persisten las acusaciones mutuas de apoyo a grupos armados en la frontera, mientras que el conflicto con Guyana se ha intensificado en torno al territorio del Esequibo, rico en petróleo.
Según analistas, Caracas busca blindar su frente interno y mostrar capacidad de respuesta ante posibles provocaciones diplomáticas o militares, en un contexto donde la región vive una competencia soterrada por influencia y recursos.
Durante maniobras recientes, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López declaró que existen “profundas contradicciones internas en el liderazgo guyanés”, en un claro intento de debilitar la posición de Georgetown tras el anuncio de cooperación militar entre Guyana y Estados Unidos en el área en disputa.
Por otro lado, la aprobación de la ley ha reavivado la controversia sobre las relaciones entre Caracas y Washington, cada vez más tensas.
El portal estadounidense Responsible Statecraft advirtió recientemente que la administración de Donald Trump podría encaminarse hacia una nueva escalada contra Venezuela, ya sea mediante el apoyo a la oposición o la creación de alianzas regionales hostiles.
El artículo alertó que cualquier intervención militar tendría consecuencias desestabilizadoras para toda América Latina, criticando el “enfoque agresivo” de Washington y comparando estas políticas con los errores cometidos en Irak y Afganistán.
Frente a ello, la Ley de Defensa Integral aparece como una respuesta simbólica y estratégica, destinada a reafirmar que Venezuela no cederá ante presiones externas, reivindicando un modelo propio de defensa y soberanía, inspirado en el legado bolivariano que concibe al pueblo como el primer ejército de la nación.
Analistas sostienen que la noción de “paz armada” que promueve Maduro refleja una doble filosofía: es una estrategia de disuasión, no de confrontación, y a la vez una declaración de autonomía frente al orden internacional vigente.
En esencia, la ley reconfigura la identidad del Estado bolivariano, vinculando la seguridad nacional con la soberanía popular y transformando la defensa de un asunto institucional en una causa colectiva.
Así, la Ley de Defensa Integral trasciende su dimensión militar para convertirse en un instrumento político y social, orientado a fortalecer la legitimidad interna del gobierno y resistir las presiones externas, en un momento en que Venezuela redefine su papel y su relación con el mundo.
