Por Ana HurtadoLa Habana - República de PalestinaEn los días posteriores al secuestro y a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra el pueblo de Venezuela el pasado 3 de enero, en el marco de acciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el mandatario Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores —hechos denunciados desde distintos sectores de la comunidad internacional—, Washington volvió a situar a Cuba en el centro de su ofensiva política y discursiva.
A través de mensajes publicados en su plataforma Truth Social, Trump emitió nuevas amenazas contra la isla, reafirmando la política de presión económica aplicada durante su administración. En esas publicaciones, el presidente estadounidense insistió en impedir cualquier tipo de apoyo financiero o energético hacia Cuba, retomando una retórica de confrontación que ha caracterizado históricamente la relación entre ambos países, siendo Cuba un país de Paz y el de Trump uno de guerra.
Estas declaraciones se produjeron en un contexto en el que figuras clave del aparato político estadounidense, entre ellas el senador Marco Rubio, volvieron a exigir el endurecimiento del cerco económico. Rubio defendió públicamente el bloqueo como instrumento de presión política, pese a su impacto directo sobre la población civil y a las reiteradas condenas internacionales que lo señalan como una violación del derecho internacional.
La respuesta de las autoridades cubanas fue inmediata. El presidente Miguel Díaz-Canel rechazó de manera categórica las amenazas provenientes de Trump y denunció el carácter injerencista de la política estadounidense hacia la isla. En sus declaraciones, subrayó que Cuba no acepta imposiciones ni tutelajes externos y recordó que el pueblo cubano ha resistido durante más de seis décadas un bloqueo económico, financiero y comercial sin precedentes, sin renunciar a su soberanía ni a su proyecto político.
En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que las amenazas y sanciones promovidas por la administración Trump constituyen una violación de los principios básicos del derecho internacional. Rodríguez recordó que la hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba no responde a coyunturas específicas, sino que ha sido una constante desde 1959, independientemente del signo político de los gobiernos en Washington, y que ninguna de esas políticas ha logrado su objetivo declarado de doblegar al país.
Este nuevo episodio se inscribe en un patrón histórico ampliamente documentado. La historia contemporánea de América Latina está marcada por múltiples intentos de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de la región. Desde el golpe de Estado en Guatemala en 1954, pasando por el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile en 1973, hasta el respaldo a dictaduras militares en el Cono Sur y las intervenciones en Centroamérica durante las décadas de 1980 y 1990, Washington ha recurrido de forma sistemática a la presión política, económica y militar para proteger sus intereses estratégicos. Estos procesos dejaron profundas consecuencias sociales, políticas y humanas en los países afectados y forman parte del contexto regional en el que se inserta la política hacia Cuba.
Dentro de ese historial, la isla ocupa un lugar singular.
A diferencia de otros países de la región, Cuba no solo resistió la presión externa, sino que consolidó un proyecto político propio en abierta confrontación con el poder imperial. La invasión de Playa Girón, los intentos de magnicidio, el bloqueo económico y las campañas de aislamiento diplomático constituyen antecedentes directos del escenario actual. Ninguna de estas estrategias logró poner fin al proceso revolucionario ni quebrar la voluntad de resistencia del pueblo cubano.
La reactivación del discurso de confrontación por parte de Trump responde también a dinámicas internas de Estados Unidos. En un contexto en el que la economía estadounidense mantiene una relación estructural con la industria armamentística y el complejo militar-industrial, la amenaza de conflicto externo ha sido utilizada históricamente como recurso político y económico. La guerra —o su posibilidad— ha funcionado como mecanismo de cohesión interna y como vía para sostener intereses económicos ligados al sector militar.
Cuba, aun sin representar una amenaza militar convencional ni disponer de recursos estratégicos clave, cumple una función simbólica dentro de esa lógica. Atacar a Cuba permite reactivar una narrativa ideológica, movilizar determinados sectores políticos y reafirmar una visión imperial que se resiste a aceptar límites. No se trata únicamente de una disputa coyuntural, sino de un conflicto histórico no resuelto.
Desde La Habana, la posición ha sido clara y sostenida. Cuba no busca la confrontación, pero tampoco acepta la sumisión. La doctrina de la guerra de todo el pueblo, desarrollada a lo largo de décadas, parte de la convicción de que la defensa de la soberanía no depende únicamente del poder tecnológico o económico, sino de la conciencia política, la organización social y la voluntad colectiva. La experiencia histórica demuestra que los bombardeos pueden destruir infraestructuras, pero no anulan la decisión de un pueblo decidido a defender su independencia.
Más de seis décadas después del triunfo revolucionario, Cuba continúa representando un límite para la política imperial en América Latina. No porque sea invulnerable, más bien porque ha demostrado, de forma reiterada, que no se doblega ante amenazas ni presiones externas. Esa persistencia explica por qué la isla sigue ocupando un lugar central en el discurso de quienes, desde Washington, no han logrado aceptar su soberanía.
Ana Hurtado: escritora y periodista española que vive en Cuba
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